Los afrancesados en Soria.

Con la llegada de José I Bonaparte, parte de la sociedad española colaborará con la monarquía josefina, bien porque  creían que José I sería capaz de conservar la integridad territorial, bien porque pensaban que la modernidad vendría a España de la mano de aquel. En general podemos decir que dentro de la sociedad soriana y, por ende, de la española, encontramos tres modelos de afrancesados: el que colabora con José I en un primer momento y luego abandona esa posición  (Antonio Ranz Romanillos) colaborando con los patriotas; el convencido de que lo mejor para España y para él, era la colaboración con José I y que al finalizar la guerra partirá para Francia (Andrés Muriel, Eusebio Díaz Arcaya, Fermín Remón o José María Cejudo); y por último los denominados “cantoneros”, “(…) españoles nombrados por el enemigo o por los pueblos de orden de aquel para la recaudación y entrega en esa capital al enemigo de las contribuciones que este impone a la Provincia”^[1]. (Francisco de Paula Carrillo que primero formó parte de la Junta de Defensa y luego colaboró con la Junta afrancesada, Vicente García de Leaniz, Juan José Moros).  

José I entró en España el 9 de julio de 1808, dos días antes se había publicado el Estatuto de Bayona, una Constitución  que había elaborado una Asamblea reunida en la ciudad francesa. A esta Asamblea se convocó a 150 representantes de los tres brazos estamentales, pero en el momento de su apertura (15 de junio de 1808) sólo habían llegado 65, número que llegó hasta 91 el día de la clausura, 7 de julio de 1808. El Obispado de Osma designó al párroco de Fuentenebro, (hoy provincia de Burgos) Manuel de Pelayo^[2], que acudió a Bayona y cuya firma figura en el Estatuto. Sin embargo, desconocemos que papel jugó el cura de la diócesis de Osma en las sesiones parlamentarias.  

Papel más relevante será el de Antonio Ranz Romanillos (Barcones, 1759 – Madrid, 1830), pues actuó como secretario en la Asamblea de Bayona, figurando su firma en tercer lugar, después de los de José I y Urquijo. José I le agradecerá los servicios prestados y lo designará Consejero de Estado y de Hacienda. La derrota francesa en Bailén, lo hizo cambiar de bando, alineándose con los patriotas, encontrándonoslo de nuevo, ya rehabilitado, en 1809 trabajando para la Junta Central Suprema, desde la que impulsa la convocatoria a Cortes. Va a ser en Cádiz uno de los vocales de Comisión redactora, pero con anterioridad formará parte de la Junta de Legislación, para la que redactará un informe, presentado el 5 de noviembre de 1809, fruto de un trabajo recopilatorio de las leyes fundamentales del reino y su discusión  con las repuestas recibidas de la consulta al país. Este informe es revolucionario, pues se aleja de la posición de Jovellanos, puesto que constituía los cimientos de las Cortes: división de poderes, iniciativa legislativa, una sola convocatoria de Cortes a la población, abolición de la tortura,… 

En la provincia soriana, a medida que avanzaba el general Ney se iban formando nuevos ayuntamientos de claro matiz afrancesado, algunos de estos son los que denominamos afrancesados convencidos, aunque otros muchos se integrarán entre los “cantoneros”.  Sí en Burgo de Osma  se designó como nuevo alcalde a Juan de la Torre, días después en Soria se constituirá el nuevo Ayuntamiento, al frente del cual impondrán al abogado José María Cejudo, formando parte de él nobleza e importantes propietarios. En un primer momento, también formó parte de él, Francisco de Paula Carrillo, que había presidido la  primera Junta de Defensa de Soria. De este modo, la vieja nobleza seguía conservando su influencia y su poder, así como sus propiedades, que se verían incrementadas por la política desamortizadora. De los afrancesados más beneficiados, citaremos a Fermín Remón, que como Administrador General de los Bienes Nacionales del Reino, adquirió numerosas propiedades, no solo en Soria, sino  en las provincias limítrofes. La mayoría de los afrancesados, al finalizar la guerra tuvieron que partir camino del exilio a Francia, iniciándose contra ellos procesos judiciales por infidencia a la Nación y adhesión al enemigo, confiscando sus bienes, que pasarán al Estado. Los más significados fueron condenados a garrote.  

Otro caso singular, será el del  Comisario de Policía designado por los franceses, Juan Manuel Díaz de Arcaya, administrador de varios mayorazgos de la provincia y persona no querida por ello, pues eran muchos los que habían contraído deudas con él. Así mismo, desconocemos por qué el General Durán y Balazaga quiso hacer un canje de prisioneros, en el paquete, José Joaquín Durán proponía intercambiar dos capitanes franceses, que se encontraban en su poder,  por el comisario J.M. Díaz de Arcaya y su hijo. El 3 de enero de 1812, Durán envía esta carta al gobernador francés de Soria.[1] 

                                      

Licencia: Dominio público

 Licencia: Dominio público

 Sabemos que no se produjo el intercambio, pues en el asalto a la ciudad de Soria de 18 de marzo de 1812, el general José Joaquín Durán escribe:  

“Los enemigos muertos pasaron de treinta y los heridos por lo menos fueron ochenta, porque después de nuestra retirada bajaron más de sesenta al hospital desde el castillo, en el que enterraron a un capitán y al monstruo de los traidores, el infame D. Juan Manuel Díez de Arcaya, que como juez de policía impío y sanguinario ha sido el azote de la provincia: éste murió de enfermedad, o por mejor decir, de remordimiento y temor: ¡infeliz!, murió como vivió, siendo ejemplo horroroso a los que le imitan.” [2] 

 

Otro caso de afrancesado convencido, sería el del sacerdote Andrés Muriel (Soria, 1776-París, 1840). Profesor de Filosofía y Teología de la Universidad de Santa Catalina, así como rector de la misma entre los años 1804 y 1806. Este sacerdote se encuadraba entre el clero ilustrado, dominando varios idiomas e interesado en la reforma de la estructura eclesiástica española. Muriel se convertirá en colaborador de la administración josefina, pues fue nombrado arcediano y canónigo de la Iglesia Patriarcal y Metropolitana de Sevilla, presidente de la Junta encargada de vigilar los establecimientos de  beneficencia e instrucción de Andalucía, que recibían subvenciones procedentes de las ventas de bienes de clero. Por otra parte Muriel ingresó en la nueva logia masónica “Beneficencia Josefina”, implantada en España con la llegada de los franceses. Antes de que finalizara la guerra se exilió  a Francia, país en el que residiría hasta su muerte y el que evolucionó hacia el liberalismo inglés, tiempo en el que escribirá una serie de obras históricas. 

En el tercer grupo incluimos a los “cantoneros” que son aquellos españoles que por diversas circunstancias colaboraron con la administración josefina. Muchos de ellos tuvieron que posicionarse con el gobierno de José I, al tratarse de escribanos y otros cargos públicos, que fueron desposeídos de sus funciones y que después tuvieron que jurar la adhesión al gobierno josefino. Una de las funciones de los jefes políticos fue desenmascarar a estos políticos. En Soria, se nombró una Junta preparatoria para poner en marcha el proceso electoral, sin embargo se denuncia que se cometieron irregularidades, pues no se debieron de excluir de las elecciones parroquiales a los cantoneros. Por ello, la Junta ordenará que se realice un control exhaustivo en los pueblos, para tratar de descubrir todos los fraudes y sobornos que se pudieran haber producido. En los meses posteriores a la conquista de Soria, el jefe político (José Joaquín Durán) tratará de averiguar los nombres de todas aquellas personas que habían colaborado con el gobierno josefino y que habían participado en el  gobierno de la ciudad, en el tiempo que estuvo ocupada por los franceses, para que no pudieran ocupar ningún cargo político. A pesar de ese celo, las denuncias hacia los cantoneros fueron continuas, tanto en Soria como en Burgo de Osma, y las sentencias fueron muy dispares. Este es el caso de la denuncia del Diputado electo  por Soria,  Domingo Balmaseda y Jiménez Barrio hacia el también diputado por Soria, Juan José Moros, al que acusaba de haber colaborado con el régimen de José I. Solicitaba que le sustituyera el diputado suplente Juan Antonio López Angulo. Al final Juan José Moros no  fue aceptado por las Cortes, pero tampoco fue aceptado el suplente.